por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi propuso, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad cuenten con un periodo de prescripción de 30 años contados a partir de que la víctima cumpla 18 años de edad.
Al presidir la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora puso a consideración del Pleno la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de prescripción de los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con su exposición, dicha propuesta tiene la finalidad de sustituir la figura de la imprescriptibilidad y en su lugar establecer plazos concretos en materia de prescripción en delitos tales como pederastia, corrupción de menores, pornografía, abuso sexual y violación a la intimidad sexual cometidos contra niñas y niños y que representan una expresión de violencia contra un grupo social vulnerable.
Estos delitos “conllevan en su ejecución material un ataque o una exposición peligrosa de su desarrollo biológico-sexual, con graves impactos en el desarrollo de su esfera psicológica, con manifestaciones y consecuencias tanto de forma inmediata como en años posteriores a la agresión”.
La Diputada consideró que presentar una denuncia formal y someterse a todas las implicaciones del proceso penal requiere de una decisión difícil de tomar, dadas las consecuencias que ello implica en todos los aspectos de la vida integral de las personas.
Con la adhesión de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Libni Adaelsi Sánchez Núñez y de los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaría el artículo 185 del Código Penal estatal, en materia de violación, para que sea incluido dentro de las sanciones a este flagelo, la “inhibición sexual” química a los agresores.
En este sentido, señala la iniciativa, actualmente en el Código Penal del Estado, en su artículo 185, está el delito de violación equiparada con una punición de 10 a 30 años de prisión; sin embargo, a pesar de esta sanción establecida, se debe optar por otra, aún más severa y coercitiva, que refleje la disminución de las cifras de incidencia de este tipo de delito.
Al respecto, indica el texto, la “inhibición sexual” consistiría en la aplicación de una inyección hormonal que reduce la producción de testosterona, bajando, desde el punto de vista fisiológico, los deseos de mantener relaciones sexuales, forzadas o no.
Para este procedimiento, continúa, propone la intervención de la Secretaría de Salud para la supervisión del mismo, así como para garantizar la seguridad de los involucrados y la preservación de sus derechos humanos.
Ante la posibilidad, de que en algún momento se pueda cometer algún tipo de injusticia dentro del procedimiento, aplicando sanciones a algún inocente, los derechos humanos también se protegerían, debido a que este procedimiento es reversible.
Este tipo de sanciones, “daría lugar a una mayor protección a las víctimas en el delito de violación; a la vez de que se trata de una acción plenamente reversible, es decir, que el sujeto en cuestión, puede volver a recuperar el deseo sexual”, añade.
Este procedimiento, a diferencia de la “castración quirúrgica”, es un proceso dirigido en contra de violadores y otros posibles agresores sexuales para reducir la libido y la actividad sexual, logrando con ello la protección de posibles víctimas.
Asimismo, se deben ponderar los derechos humanos de las víctimas de estas agresiones, los cuales se ven mayormente lacerados, toda vez que el sujeto activo está en plena conciencia de querer realizar dicha conducta, ya sea por años o de manera reiterada, “de ahí que es clara la disyuntiva sobre la protección de los derechos humanos de estas personas que cometen atroces actos”, finaliza el texto.
Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
• Exhortan COVEICYDET a transparentar uso y resultados de los recursos de sanciones en materia electoral
De la misma manera, el legislador presentó un exhorto al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) a fin de transparentar e informar a esta Soberanía, sobre el uso y resultados obtenidos de los recursos provenientes de sanciones previstas en la normatividad electoral, durante los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Además, hizo un llamado al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a efecto de revisar y dar cumplimiento, de acuerdo a sus atribuciones, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, a dicho Consejo.
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 458, señala que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, impuestas por autoridades locales, serán destinados a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
En este sentido, indicó que, en revisión de la página de transparencia del COVEICYDET, existe nula, poca o confusa referencia de la aplicación de dichos recursos, advirtiendo una total opacidad en el manejo de los mismos, en especial de los provenientes de las sanciones aplicadas en términos de la legislación electoral.
Señaló que no existe uniformidad y claridad en las cifras que la institución ha recibido durante estos años por concepto de transferencias derivadas de la aplicación de sanciones previstas en la normatividad electoral, por lo que hace imprescindible regular la situación.
Si se toma como referencia la información del propio COVEICYDET, tan sólo por los años 2017, 2018 y 2019, los fondos transferidos por este concepto ascienden a $133 millones 998 mil, 528 pesos, de los cuales, la ciudadanía no advierte avance alguno en materia científica y tecnológica en la entidad, e inclusive, la propia información disponible no refleja la eficiencia en el gasto, concluyó.
por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
Al pronunciarse sobre la Justicia Social, la diputada Deisy Juan Antonio señaló que ésta fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, por lo que hoy más que nunca se hace necesaria en un mundo globalizado que, aunque cada vez más rico, es también más desigual.
En su participación, durante la sexta sesión ordinaria, la legisladora de Morena, subrayó que es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos, se desarrollen con dignidad y así la sociedad pueda prosperar, siendo la formación ciudadana uno de ellos, “pues contar con una sociedad informada nos llevará a asumir el compromiso activo para promover la justicia y la igualdad a todos los niveles”.
Dijo que hay tantos ejemplos de justicia social, como ámbitos en los que se cometen desigualdades, «vivimos en sociedades muy injustas y la educación puede agrandar esas injusticias o puede combatirlas”.
La diputada por el Distrito de Acayucan refirió que el sector educativo es quizá uno de los más representativos para la justicia social ya que, además de ser un tema a tratar de forma intersectorial por su estrecha relación con grupos vulnerables, es uno en donde la inequidad se concentra en mayores niveles.
Expresó que debido a la importancia de la igualdad de oportunidades para el desarrollo sostenible, es necesario que cada vez exista un mayor consenso dentro de la comunidad educativa sobre la necesidad de educar para la justicia social, tal como lo prevén algunos instrumentos internacionales, “desafortunadamente, hay 2 grandes causas que contribuyen a la desigualdad educativa: la distribución de la riqueza y la falta de revisión de las pedagogías”, añadió.
Puntualizó que la economía mexicana es la número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, pero que 45 millones de mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza, de acuerdo al informe de la ONG, Oxfam México.
La legisladora precisó que esta desigualdad existe debido a que durante largo tiempo se dio la complicidad de las autoridades y se solapó la falta de transparencia, el abuso de poder, el tráfico de influencias, la obstaculización de la libre competencia, los regímenes fiscales favorables para los más ricos y sobre todo el otorgamiento de privilegios, “lo que perpetuó y agravó la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestra nación”.
“Es momento que no queden impunes todos aquéllos que, aprovechándose de los sectores más vulnerables o bien, a costa de quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales, o quienes hayan saqueado las arcas públicas destinadas a fortalecer los sectores tan sensibles como la educación y la salud, haciéndose de grandes riquezas y capitales”, sentenció.
Asimismo, la diputada detalló que debe ponerse toda la atención del sistema educativo en la enseñanza de la educación primaria, ya que ésta es la base y la verdadera lección de inclusión educativa, en la que ningún alumno se quede atrás, “que estemos convencidos que cada escuela es una fuente de justicia educativa”, concluyó.
por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
Durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo del Tercer año de Ejercicio Constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura recibió la protesta de ley de las ciudadanas y ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.
Dado el vencimiento de los nombramientos de algunos de los integrantes de dicho Consejo, la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, llevó a cabo el proceso de selección para ocupar dichos espacios.
Al respecto, se nombró a Verónica Tapia Rivera, como Familiar de Persona Desaparecida para la zona norte; Florinda Elizabeth Suárez Riaño, Familiar de Persona Desaparecida para la zona Centro; y Raquel Hernández May y Anna Kristel Méndez Gómez, Familiar de Persona Desaparecida para la zona sur de la entidad.
Asimismo, Minerva Espinoza Ramos como Especialista en la protección y Defensa de los Derechos Humanos; además de Amairany Mora Vázquez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. y Luisa Ronzón Montiel de Un Corazón Para Ti A.C., como Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Derechos Humanos.
El nombramiento de las y los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, tendrá una duración escalonada, con la finalidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que se estén llevando a cabo.
Previamente, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, solicitó a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, encabezada por la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, conducir al recinto legislativo a los nuevos integrantes del Consejo, para la protesta de ley correspondiente.
El dictamen fue aprobado con 38 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.
por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
La LXV Legislatura de Veracruz, a través del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Eric Domínguez Vázquez, recibió de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Auditora Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En primer término, el legislador Eric Domínguez, presidente de la Comisión de Vigilancia, ante la presencia de la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria, y de los legisladores Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Rodrigo García Escalante, Erika Ayala Ríos, Deisy Juan Antonio, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera y Wenceslao González Martínez, quienes fungen en calidad de vocales, subrayó que este Poder Legislativo analizará con estricto apego a derecho y con transparencia el Informe presentado por el órgano fiscalizador.
“Estoy convencido que a pesar de la adversidad que tuvo el personal del Orfis, derivado de la pandemia por Covid-19, se está haciendo entrega de un excelente trabajo apegado a la legalidad y transparencia, tal como se han caracterizado”, precisó.
Asimismo, dijo que, a partir de este momento, será la Comisión de Vigilancia quien se encargará de analizar, dictaminar y someter a consideración del Pleno del Congreso, dicho Informe para que se lleve a cabo su discusión, y en su caso aprobación.
La Auditora Delia González destacó que, para cumplimento puntual, ante el periodo concedido a través de la prórroga por las circunstancias sanitarias, se ajustaron y optimizaron los trabajos de fiscalización para efectuar lo programado, dando atención a cada una de las etapas previstas para la planeación, ejecución y desarrollo de las auditorías.
“Los informes que hoy se presentan, describen de manera general y específica los hallazgos determinados así como las observaciones y las recomendaciones formuladas a los entes fiscalizables”, agregó.
Finalmente, el legislador Eric Domínguez dio a conocer que esta información es totalmente pública, a partir de esta fecha, y que, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en la página www.orfis.gob.mx, para consulta de toda la sociedad veracruzana.
por Puebla al Día | Ago 2, 2021 | Congreso
Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada María Esther López Callejas propuso a esta Soberanía exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias e instruyan a quienes corresponda, a efecto de que la laguna El Farallón sea declarada Área Natural Protegida (ANP).
Al participar en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora consideró imperativo que la laguna El Farallón reciba esta categorización bajo la tutela del Ayuntamiento de Actopan, municipio que –añadió- posee las características físicas, ambientales, sociales y de biodiversidad para tutelar este ecosistema estratégico, con capacidad administrativa y voluntad política para su creación y sostenibilidad en el tiempo.
La Diputada habló de la condición de contaminación agravada que mantiene a la laguna en un estado ecotoxicológico que rompe ciclos biológicos y biogeoquímicos dañando fauna y flora locales, ya que –señaló- en ese cuerpo de agua descargan residuos tóxicos provenientes de mineras, agroquímicos provenientes de la práctica agrícola colindante, extracción de su contenido para abastecer a los ranchos aledaños y la actividad de acuacultura particular de la zona.
Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.
Ante esta realidad, la legisladora ponderó como urgente establecer mediante un Plan de Manejo Estratégico de Recuperación Inmediata, los criterios para la conservación, la restauración de la biodiversidad y de los servicios ambientales que esta laguna provee.
A este exhorto se adhirieron los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, el diputado Gonzalo Guízar Valladares y la diputada María de Jesús Martínez Díaz.
