El diputado Othón Hernández Candanedo presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para hacer efectivo el derecho de las y los trabajadores del Estado a una vivienda digna.

Ante el Pleno legislativo, aludió el Objetivo 11 de la Agenda 2030, que consiste en “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y mandata que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Sin embargo, advirtió que en Veracruz no existe un derecho formal ni material para garantizar el acceso a una vivienda y mucho menos se establecen mecanismos, instrumentos o lineamientos jurídicos concretos para que gocen de este derecho fundamental quienes prestan sus servicios en las dependencias centralizadas y entidades paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública Estatal, poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos del Estado y Universidad Veracruzana.

Asimismo, dijo que en 1967 fue publicada la Ley N° 5 de Pensiones del Estado de Veracruz, en la que se reconoció que el IPE debía otorgar como prestación obligatoria los préstamos hipotecarios y los créditos para la adquisición en propiedad de casa o terreno para la construcción de la misma, destinados a la habitación familiar del trabajador.

La actual Ley de Pensiones del Estado –prosiguió- no considera los préstamos hipotecarios como una prestación obligatoria, mientras las leyes de otras entidades federativas la incluyen expresamente y además establecen los lineamientos para su otorgamiento. “Esto es, en la mayoría de los estados de la República, los trabajadores al servicio del Estado tienen reconocido este derecho y además gozan de todas las garantías para su disfrute”, señaló.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto que prevé adicionar la fracción III al Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que son veracruzanos las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano.

En su propuesta, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la legisladora expone que existe la necesidad de actualizar el precepto constitucional referido, toda vez que como se encuentra discrimina injustificadamente a las y los mexicanos nacidos fuera de Veracruz, pero que son ascendientes de hijos veracruzanos, o bien que han demostrado arraigo en la entidad a través de una residencia efectiva por cinco años.

La Diputada del Grupo Legislativo de Morena expone el caso de las personas que llegan al territorio veracruzano con la esperanza de crecimiento, inversión y nuevas oportunidades de vida y que, a la postre, con su trabajo y esfuerzo, aportan a la vida pública y a la sociedad de forma política, económica y cultural, abonando con ello al crecimiento y desarrollo del estado de Veracruz.

Añade que, al identificarse con dicha cultura y territorio, deciden establecerse para adoptar esta identidad como propia, algunos incluso relacionándose afectivamente, conformando familia y descendencia con personas de la región, demostrando así la vinculación existente con el estado.

En consecuencia, refiere que legislaciones de entidades como Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Durango, Campeche y Baja California Sur han reconocido la posibilidad de que mexicanas o mexicanos no nacidos en sus respectivos territorios adquieran la ciudadanía por residencia.

Por otra parte, detalla que, a partir de la reforma realizada a la Constitución Política federal en 2011, el Estado mexicano adoptó una nueva visión y postura sobre el derecho, donde todas las personas deben gozar de los derechos humanos y, en consecuencia, las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, deben ser las encargadas de proteger, promover, respetar y garantizar estos derechos al amparo de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El Pleno de la LXVI Legislatura del estado aprobó, con 48 votos, el Dictamen de Decreto por el cual se aprueban y, en otros casos, se prorrogan para el ejercicio fiscal 2023 los valores catastrales unitarios de suelo y construcciones de los municipios de la entidad, con base en lo analizado por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

En primer término, fue aprobado dichos valores de los ayuntamientos de Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.

Por otra parte y ante la no presentación de sus respectivas propuestas de actualización, el Pleno determinó prorrogar, para el ejercicio fiscal 2023, la vigencia de los valores unitarios de suelo y construcciones que han servido de base durante el presente ejercicio fiscal, para el resto de los ayuntamientos.

De acuerdo con el dictamen, las comisiones exponen que, después del análisis y de la opinión técnica de la Dirección General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado, concluyen que, con el objetivo que los municipios fortalezcan su hacienda municipal y con respeto a su autonomía para realizar la propuesta de actualización de tablas catastrales, hay coincidencia en la procedencia de éstas, toda vez que cumplen con lo establecido en la ley.

El documento refiere que el artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de Valores entre el 1 y el 30 de mayo del año anterior a aquel para el cual se proponen, y el numeral 52 de la misma ley indica que el Congreso aprobará dichas tablas a más tardar el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.

Señala que, no obstante estar dotados de instrumentos jurídicos para fortalecer sus haciendas, la gran mayoría de los municipios no hizo efectiva esa atribución, ya sea para modificar sus Tablas de Valores Catastrales o para solicitar la prórroga de la vigencia, por lo que las comisiones dictaminadoras consideraron que los ayuntamientos que no solicitaron modificación deberán utilizar los valores del presente ejercicio fiscal.

Como resultado de la conclusión del Segundo Periodo Ordinario, correspondiente al primer año de labores de la LXVI Legislatura, el Pleno aprobó e instaló la Diputación Permanente, que funcionará durante el segundo receso, el cual comprenderá del 1 de agosto al último día de octubre del presente año.

Durante la sesión solemne de instalación, realizada a distancia por medios digitales, quedó instalado este órgano legislativo presidido por la diputada Cecilia Guevara; en la secretaría, la diputada Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y como vicepresidenta, la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui.

En las vocalías quedan las diputadas Janix Liliana Castro Muñoz, Adriana Esther Martínez Sánchez y Lourdes Juárez Lara, así como los diputados Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Luis Antonio Luna Rosales, Fernando Arteaga Aponte y Othón Hernández Candanedo.

En calidad de sustitutos, las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Anilú Ingram Vallines, Illya Dolores Escobar Martínez, Rosalinda Galindo Silva y Lidia Irma Mezhua Campos, así como los legisladores Hugo González Saavedra, Gonzalo Durán Chincoya, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Marco Antonio Martínez Amador y Bingen Rementería Molina.

Esta determinación corresponde a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual especifica que la Diputación Permanente estará compuesta por el 40 por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales, la mitad actuará como propietarios y el resto, como sustitutos.

Tras su legal instalación, a las 15:58 horas, la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Cecilia Guevara, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el día jueves 4 de agosto a las 13:00 horas.

La diputada Citlali Medellín Careaga presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que este Congreso exhortaría a los 212 ayuntamientos de Veracruz a brindar capacitación a los directores de Educación, Cultura, Turismo y cronistas municipales en materia de rescate, salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural Inmaterial del estado.

En su planteamiento, la legisladora indicó que, para tal fin, se elaboraría un Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de cada territorio, para cumplir los compromisos adquiridos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y en acato a las leyes federales y estatales en materia de cultura.

Destacó lo definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), según la cual, el Patrimonio Cultural Inmaterial está constituido por las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación: las tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, relativos a la naturaleza y vinculados a la artesanía tradicional.

Para la Agenda 2030 –señaló-, la salvaguardia y la promoción de la cultura son dos fines y a la vez dos medios que contribuyen directamente a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible tales como: lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas.

También recordó los contenidos y objetivos de la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley para el Desarrollo Cultural y la Ley Orgánica del Municipio Libre, todas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y que, no obstante lo ahí establecido, en 2019 solo 10 municipios contaban con un registro de Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Sistema de Información Cultural, que representa el 5 por ciento de los municipios de la entidad.

Citlali Medellín Careaga insistió en la capacitación de las y los directores de Educación, Cultura, Turismo, Cronistas Municipales y Agentes y Subagentes para que realicen la investigación, documentación, recopilación y formulación de proyectos en relación con las prácticas, expresiones, saberes o técnicas propias de su entorno, para que posteriormente sean ingresadas al Sistema de Información Cultural, a fin de que dicho patrimonio y su diagnóstico sean visibles en las instancias y organismos pertinentes y así garantizar el apoyo necesario para su rescate y preservación.

Este anteproyecto, al que se adhirieron las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Verónica Pulido Herrera, así como los legisladores Miguel David Hermida Copado y Ramón Díaz Ávila, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, este Congreso aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, para que la Agenda 2030 y sus objetivos sean considerados desde la planeación de los programas de trabajo de las comisiones permanentes y especiales del Congreso del Estado de Veracruz, así como en la transversalización de los productos legislativos que aquí se generen.

El Dictamen que reforma el párrafo cuarto del Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el párrafo primero del Artículo 65 y la fracción II del Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deriva de la Iniciativa presentada el 2 de mayo de 2022 por el diputado Luis Antonio Luna Rosales.

A partir de esta reforma, es obligación de las comisiones permanentes y especiales publicar su Programa Anual de Trabajo, que incluirá la contribución que en los mismos se proponga para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030, así como las convocatorias, órdenes del día y documentos de apoyo, con 24 horas de anticipación a cada sesión.

Además, los dictámenes, que podrán ser en sentido negativo o positivo, deberán señalar los fundamentos jurídicos que los motiven; los antecedentes de los asuntos materia de los mismos; un apartado con las consideraciones que los integrantes de las comisiones estimen necesarias para justificar la procedencia o improcedencia de lo propuesto; y el proyecto de resolución que corresponda. Los dictámenes relativos a iniciativas de ley o decreto deberán enunciar, en su caso, en el apartado de consideraciones, la contribución de lo propuesto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el mismo sentido, las razones en que se funden las propuestas de adición, reforma, derogación o abrogación de una ley o decreto, en las que se incluirán, en su caso, su contribución al cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el uso de la palabra durante la Décima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, el diputado Luis Antonio Luna Rosales, autor de la propuesta aprobada por el Pleno, dijo que los 17 objetivos de la Agenda 2030 están diseñados de tal forma que la acción en uno de ellos atraerá beneficios en otros.

Explicó que se trata de una agenda que impulsa a terminar con la pobreza, con el hambre en el mundo, apuesta por mejorar los sistemas de salud y bienestar, por la educación de calidad, no deja de lado las acciones para la igualdad de género, reconoce la importancia del saneamiento de los mantos acuíferos y el agua limpia para la vida de las personas, ocuparse de crear energías limpias y no contaminantes, pero también por el crecimiento en industria, innovación e infraestructura, cree necesario invertir y hacer que las ciudades y comunidades sean sostenibles.

La Agenda 2030, manifestó el legislador, reconoce que el crecimiento económico dará lugar a que todas y todos tengamos un trabajo decente y con esto la brecha de desigualdad se verá reducida. Le da importancia a la producción y consumo responsable, también llama a la acción urgente por el clima, la vida submarina y de ecosistemas terrestres, sin dejar de lado la importancia de la paz, la justicia y por supuesto las instituciones sólidas. Todo esto “no puede ser posible sin realizar alianzas entre gobierno, sociedad y sector privado”, aseguró.