por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
La
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo
Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD),
presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría y adicionaría
diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, para dotar de
productos menstruales a las estudiantes en sus escuelas.
Propuso
que en la totalidad de las escuelas de nivel básico, media superior y superior,
existan dispensarios donde todas las mujeres, puedan adquirir de manera
gratuita productos menstruales como: toallas sanitarias reutilizables y
ecológicas, tampones desechables, copas menstruales, analgésicos para el dolor
menstrual, entre otros. De esta forma, el Estado garantizaría la igualdad en el
acceso a la educación de hombres y mujeres, y la no discriminación de las
mujeres.
La
diputada representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, dijo que acciones
como esta, erradicarían la desigualdad por razón de género y el argumento falaz
sobre la menstruación que ha sido utilizado a lo largo de la historia para
excluir a las mujeres y a las niñas de actividades cotidianas o de entornos
sociales, y que lamentablemente, persiste en algunos sectores de la sociedad.
La
iniciativa plantea reformar la fracción XXIV del artículo 18 y adicionar: la
fracción XXV recorriéndose la actual fracción XXV para convertirse en XXVI del
artículo 18; y la fracción XVII recorriéndose las actuales XVII y XVIII para
convertirse en XVIII y XIX, del artículo 90; todas de la Ley de Educación del
Estado de Veracruz.
La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y
Cultura, y para la Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.
por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
El
diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, manifestó la indignación de las y los
diputados del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, ante el
plagio del periodista Marcos Miranda Cogco, mejor conocido como “Marmiko”, en
Boca del Río.
“Hechos
como este, nos indignan y desde el Grupo Legislativo de Morena queremos
refrendar nuestro apoyo a la familia del comunicador Marcos Miranda, porque no
podemos ni imaginar el gran dolor por el que atravesaron al desconocer el
paradero de su ser querido”, expresó el diputado, secretario de la Comisión de
Atención y Protección de Periodistas.
Enseguida,
reconoció el despliegue de las fuerzas policiales estatales, que en
coordinación con las federales, durante la madrugada de este jueves, liberaron
al comunicador.
Advirtió
que estos hechos, cimbran y recuerdan que, detener la violencia ejercida en
contra de periodistas y comunicadores constituye uno de los grandes deberes y
compromisos de este gobierno.
“En
MORENA reconocemos la enorme valía que tiene el ejercicio periodístico en
nuestro Estado, reconocemos que el derecho humano a la libertad de expresión de
las y los comunicadores, debe ser protegido y garantizado plenamente, pues solo
así podremos transitar hacia un Estado más democrático, más libre y más justo”,
enfatizó el representante del Distrito XX de Orizaba.
Del
mismo modo, desde la Máxima Tribuna del Estado, exigió al Fiscal General del
Estado, una investigación eficiente que arroje resultados concisos sobre la
privación ilegal de la libertad que sufrió el periodista Marcos Miranda Cogco,
agotando todas las líneas de investigación posibles, incluida la relacionada
con su ejercicio profesional.
“Callar
a los periodistas es callar a la sociedad, y callar a la sociedad es frenar la
consolidación de la democracia, es encaminarla hacia su destrucción. Por esto,
en el Grupo Legislativo de MORENA condenamos los hechos perpetrados en contra
de Marcos y exigimos a la Fiscalía General, dar con los autores materiales e
intelectuales de estos reprobables actos y lograr la aplicación de las
sanciones que correspondan. Por un auténtico estado de derecho decimos: No más
impunidad y sí a la libertad de expresión”, señaló el legislador.
por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la
iniciativa, presentada el pasado 19 de marzo por el diputado Henri Christophe
Gómez Sánchez, con la que se reforma el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y se establece que
las obras, además de atender la debida planeación, considerará medidas de
protección civil, indispensables para resguardar a la población.
El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por
las Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y de Protección Civil,
registró 41 votos a favor. Sin abstenciones o votos en contra.
De esta manera, el artículo 72 de la citada ley
refiere que el contratista será responsable de la ejecución de los trabajos y
deberá sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección civil,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal.
Así como a las instrucciones que al efecto le señale
el ente público. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren
por su inobservancia serán a cargo del contratista.
La exposición de motivos del Dictamen concluye que
esta modificación busca evitar riesgos a la población, con obras mal planeadas
y sin los estudios técnicos necesarios.
Señala que en materia de Protección Civil debe
existir la corresponsabilidad de todos y por eso debe impulsarse la
planificación de obra pública, planificación territorial, así como la educación
de la población en materia de prevención; con el propósito de salvaguardar la vida
y el patrimonio de los ciudadanos, la infraestructura y minimizar los daños al
medio ambiente.
Tras haberse aprobado, el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro instruyó remitir este Decreto al
Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
El
Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada
María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar
atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos
de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente
público.
Asimismo,
con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la
cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta
iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse
el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es
el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.
Además,
continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que
vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio
Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio
exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas,
talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o
negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad
de la información.
“La
intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas
que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán
constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios
verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó
Martínez Díaz.
Además,
en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría
General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar
la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a
los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta,
no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino
perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.
En lo
que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los
servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de
Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar
que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de
que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o
inspección domiciliaria correspondiente.
Además,
afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone
incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil
UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.
“En
Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse
de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que
beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y
de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e
inversión”, dijo la legisladora.
Finalmente,
aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al
desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente
potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado,
bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en
procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.
La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del
Estado y Vigilancia.
por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
Con el objetivo de dar respuesta a una protección civil
como fuerza preventiva y se apliquen rigurosas acciones para evitar riesgos, la
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó un anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el cual exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a
realizar las acciones para evitar
el represamiento de las aguas que desbordan de los ríos Nautla y Chapachapa y de
los arroyos Colorado y La Bacinica, con el objetivo de salvaguardar la vida,
integridad y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo
Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.
Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado a que se
coordine con las instituciones federales, a fin de implementar las medidas necesarias
y evitar poner en riesgo a la población de esa comunidad.
La integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que la autopista Cardel-Poza Rica es una gran obra que acortará tiempos de desplazamiento,
dando mayor seguridad en los traslados entre el centro y norte del Estado.
Agregó que será una vía carretera que tendrá una longitud de 129.5 kilómetros,
con una sección transversal de dos carriles y acotamiento.
Abundó que esta obra otorgará un gran potencial a las empresas veracruzanas
de la región “con el Gobierno Federal debemos seguir caminando juntos para
poner manos a la obra y hacer realidad proyectos estratégicos como estos, para
el desarrollo de nuestro Estado”, manifestó.
Este anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado.
por Puebla al Día | Jun 15, 2019 | Congreso
El diputado del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres,
presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación
de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de
Cabildo.
El legislador del Distrito
XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato
de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones
socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición
pública a través de su Unidad de Transparencia.
Lo anterior con excepción
a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que
deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.
Rosales Torres agregó que referente a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se
adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los
requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas
y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la
participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose
en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los
Ayuntamientos.
“En nuestro carácter de legisladores,
representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los
mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el
diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima
transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la
erradicación y prevención de la corrupción.
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.
-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad
Piloncillera-
Asimismo,
durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto
con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz,
para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento,
Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una
actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento
correspondiente.
Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue
publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y
Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad
agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio
tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo
Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la
dependencia competente en la materia.
Aseguró
que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se
encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del
piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la
Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos
piloncilleros.
“El
comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros
Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento
familiar”, detalló.
Si bien
el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a
alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este
sector en Veracruz, concluyó.
