En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas; anunció que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la
Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en
programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos
que no dan resultados.

Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos
federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una
revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean
utilizados en otros temas.

“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no
aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción,
por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.

Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados
para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por
lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al
gasto a lo largo del año.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden
hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al
aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que
no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más
vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en
el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos
frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni
estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento
de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general,
particularmente de la política social”.

Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general
adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural
son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos
con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.

Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos
grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.

Antes de discutir la parte programática del PEF, deben
señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El
problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.

Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una
apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada
día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.

Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC,
que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para
cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la
calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se
encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden
calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.

Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12
programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de
89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores,
Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.

Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron
10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de
Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una
inversión justificada.

Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre
los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de
83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una
agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.

Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos
IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27.
Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión
integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.

De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión
programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños
Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de
60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a
los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión
integral de la política social para identificar los que recibirán más
presupuesto y aumentar su cobertura.

Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del
gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto
asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido
a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público
que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de
opacidad que tienen.

Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración
en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos,
factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y
reorientarlo a la ampliación de la administración.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad
las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias
sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.

Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas
presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su
desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria
conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento
más que en 2019.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12
programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el
Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.

Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen
un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar
recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.