Durante la Primera Sesión del Primer Receso del segundo año de la LXV Legislatura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez se pronunció en favor de la protección de las personas adultas mayores y sus derechos.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora aseguró que este sector social refleja sabiduría e inspira respeto, por los logros y alcances que han conseguido a lo largo de su vida, sin embargo, en algunos casos se enfrentan a la desafiante soledad e indiferencia de familiares y amigos.

Se refirió al caso específico de la señora Luz María González Landeros “Doña Luchita”, quien hace unos días fue desalojada por sus familiares del inmueble que habitaba desde hace varias décadas, lo que dio lugar a la afectación de su salud física y emocional.

Destacó que actualmente, en colaboración con sus asesores, se encuentra apoyando a Doña Luchita, emprendiendo las acciones legales necesarias. Señaló que los actos de apoyo y respaldo con los que la sociedad xalapeña respondió ante este acontecimiento son reflejo de la cultura que se está generando para la protección y apoyo a este sector, una de las cuales es “dar voz en espacios como éste, el Congreso”.

Los esfuerzos institucionales –indicó la legisladora- deben estar enfocados a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores. Consideró que sociedad y autoridades “debemos trabajar juntos para generar políticas instrumentadas para otorgarles el justo lugar que merecen, no solamente con programas asistencialistas, sino también incorporándolos al ámbito laboral”.

“Les invito a que hagamos un frente común refrendando nuestro compromiso con las causas sociales, tal como lo ha venido haciendo el Grupo Legislativo de Morena. Con la suma de voluntades de todas y todos, será más sencillo que las personas adultas mayores ocupen el legítimo lugar que les corresponde en la transformación presente y futura de Veracruz”, concluyó.

Con la finalidad de homologar, en la legislación estatal, los tipos penales de Hostigamiento y Acoso Sexuales a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para evitar confusiones entre los operadores de la ley y así brindar mayor certeza jurídica en estos asuntos, diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa ante la Diputación Permanente.

La diputada Érika Ayala Ríos y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes proponen reformar las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, ya que consideran que esta legislación contiene disposiciones contrarias a la Ley General, particularmente en lo relativo a las definiciones de esas dos formas de violencia.

De esta manera, plantean que el Acoso Sexual quede definido como: forma de violencia de connotación lasciva en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Hostigamiento sexual: ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva.

La iniciativa precisa que mientras en la Ley General el Hostigamiento Sexual tiene como elemento consustancial la subordinación real de la víctima, en la ley local forma parte del acoso sexual, lo que contradice también lo dispuesto por el Código Penal estatal, en el que, como en la inmensa mayoría de las leyes punitivas de las entidades federativas y en el Código Penal Federal, se considera que dicho elemento de superioridad jerárquica del agresor respecto de la víctima forma parte de la descripción del tipo de hostigamiento sexual.

Señalan que como una prioridad en su agenda legislativa está el proponer modificaciones al orden jurídico, a efecto de visualizar en mayor medida la problemática a la que se enfrentan cotidianamente una gran cantidad de personas, primordialmente en los ámbitos laboral y educativo.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar de Veracruz, para que la elaboración del informe sobre incidentes de acoso y violencia escolar que los directores presentan a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sea semestral y no anual.

La legisladora destacó que, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz en 2011, se sentaron las bases para prevenir y erradicar el acoso escolar, sin embargo, deben darse mayores pasos.

Señaló que en las atribuciones de esta Ley contempla el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, el cual está diseñado para compilar las estadísticas de los casos de acoso escolar que tengan lugar en la entidad, a partir de la elaboración de un informe presentado a la SEV por los directores de las escuelas, sobre los incidentes de acoso y violencia escolar.

Sin embargo, destacó, que dada la coincidencia en la anualidad, tanto para la elaboración del informe sobre acoso escolar, que realiza el Registro Estatal, como el que están obligados a presentar los directores de las escuelas, es que se desprende esta iniciativa, para que el plazo sea semestral, facilitando que el informe sea reportado con la debida anticipación, conociendo el contexto que impera en cada plantel sobre el tema.

Ramírez Cisneros recordó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 estudiantes de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Asimismo, en 2018 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Veracruz es la entidad donde se presenta el mayor número de casos de acoso escolar.

Agregó que con el propósito de utilizar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, se plantea precisar el término “las y los directores”, en lugar de los directores como se prevé al día de hoy, dando el debido lugar de las mujeres que tienen la titularidad de una dirección de un plantel educativo.

“El acoso escolar ocasiona daños severos en las víctimas si no se detecta y atiende a tiempo. Baja de autoestima, ansiedad y depresión, son algunos de los riesgos, pero en el peor de los escenarios, el desenlace puede ser fatal”, concluyó.

A esta iniciativa se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Miranda Romero presentó al Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer los principios y criterios para la coordinación interinstitucional entre los niveles de Gobierno, para diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado señaló que el objetivo de esta iniciativa es abrogar la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz; y en su lugar emitir la ya mencionada, que engloba toda forma de violencia escolar y establece, entre otras normas, que los planes, programas y protocolos deben ser emitidos desde un enfoque educativo y de derechos humanos.

El legislador Miranda Romero dijo que se plantea dictar las normas que contengan acciones a seguir en caso de que se detecte cualquier tipo de violencia escolar, no sólo acoso, portación de armas o drogas, “ya que con ello se puede centrar en una sola ley cualquier tipo de violencia escolar, pero no solo desde la perspectiva delictiva, por lo que en esta iniciativa se reconoce el principio del interés superior de la niñez y la salvaguarda los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Agregó que esta nueva Ley sería la base para que el Ejecutivo del Estado, a través de una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y Cultura, Fiscalía General, DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ayuntamientos, directores y personal designado por cada institución educativa, sean los encargados de emitir los protocolos y mecanismos de “mochila segura” con base en las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se trata, de llevar a los padres de familia y a los niños, niñas y adolescentes a una cultura de prevención, en donde se les explique las necesidades de llevar a cabo los protocolos para la seguridad de cada uno de ellos; es decir, se opta por la culturización a los educandos y padres, para evitar actos que afecten a terceros y, a su vez, no se sientan vulnerados en su esfera jurídica”, precisó el legislador.

En su intervención durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, el diputado recordó los hechos del pasado 16 de enero en la ciudad de Torreón, Coahuila, en los que fueron heridos seis menores y asesinada una maestra de estos y, posteriormente, el suicidio del menor que presuntamente realizó, con un arma de fuego, los actos violentos en la institución escolar.

Asimismo, indicó que este tipo de situaciones también ocurren a nivel local y subrayó que en noviembre 2019, en la ciudad de Xalapa, un estudiante con un arma de fuego, en forma de pluma, dejó lesionado en un dedo a su compañero.

De acuerdo a la iniciativa del diputado, el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar será suplido por el Registro Estatal para el Control de la Violencia Escolar (RECVE), para lo cual la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con las Secretarías de Salud (SS) y de Seguridad Pública (SSP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), implementará las acciones necesarias para que inicie sus funciones dentro de los 90 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos Mixtos Del Lado Correcto de la Historia y del PRI-PVEM.

Integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, celebraron su Décima Sesión Ordinaria, en la que analizaron la información derivada de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y acordaron determinar una fecha para la firma del dictamen correspondiente.

Posteriormente, atendieron una exposición, que estuvo a cargo de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los entes fiscalizables.

Asistieron las diputadas Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera, así como los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez, Alexis Sánchez García, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Bingen Rementería Molina y Enrique Cambranis Torres, vocales.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, se pronunció –en relación con el delito de feminicidio- por una nueva visión que lleve a la generación de políticas integrales, que tomen en cuenta la seguridad pública y el incremento de sanciones contra los feminicidas, pero que esté enfocada primordialmente en la prevención de este ilícito.

Lo anterior, durante su participación en la conferencia Política criminal para prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género, a cargo del delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, Arturo Nicolás Baltazar.

Al dar la bienvenida a los asistentes en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, Rubén Ríos señaló que en los últimos cuatro años el registro de feminicidios en México ha crecido al doble. “La lógica elemental nos indica, por un lado, que algo se está dejando de hacer o se está haciendo mal y, por otro, que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo”.

Recordó que la legislación de Veracruz contempla una de las penas más severas para los feminicidas, que es de 40 a 70 años de prisión; sin embargo, argumentó, está claro que esos 40 años no ha disuadido a quienes cometen este delito, “más bien, parecen multiplicarse”.

El diputado del Distrito de Córdoba dijo que el componente transversal del delito de feminicidio es la cultura del “machismo patriarcal”, ya que –indicó- no parece ser un problema de seguridad pública, aún cuando existe vulnerabilidad física de las mujeres en el espacio público. “Sin duda, es una asignatura pendiente para que calles, parques, taxis y autobuses sean seguros para todos”.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió del presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, Gilberto Farías Morales, el documento que contiene las bases para una política pública encaminada a prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Así como una propuesta de reforma al artículo 137 del Código Penal estatal que tiene como finalidad sancionar ejemplarmente la conducta delictiva consistente en causar lesiones a una mujer, por medio de la utilización de ácidos o cualquier otra sustancia, causando deformación o daño en la cara de la víctima.

Acto seguido, inició la conferencia a cargo del licenciado Arturo Nicolás Baltazar, quien dio detalles sobre el estado de las legislaciones, tanto federal como estatal, las definiciones jurídicas y el debate actual con respecto a este tipo penal, así como las posturas al respecto de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al evento asistieron la coordinadora general para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, Angélica María Huesca Palomino, en representación del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García; la directora general de Educación Inicial Preescolar Federalizada, Judith de la Luz Carvallo Domínguez; la secretaria general de la Delegación T160 SNTE Preescolar, María Teresa Canales Clavel; la subdirectora de Educación Preescolar Estatal, María Isabel Castillo Méndez, así como representantes de órganos autónomos y de unidades de género de la administración pública estatal.