Logra AMLO un México más justo, que sienta las bases del bienestar para el pueblo: GLMORENA



Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.
Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.
Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.
En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.
Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.
Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.
“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.
La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Veracruz, al igual que el resto del país, está viviendo un proceso de transformación tanto en su vida jurídica como institucional, con miras a impulsar bienestar social mediante el reconocimiento de los valores propios de la democracia, el orden y el respeto social, afirmó la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, durante el desarrollo de la Cuarta Sesión del Segundo Periodo Ordinario, de la LXV Legislatura, y presentar su Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.
En ese esfuerzo inspirador, destacó en Tribuna, los poderes públicos están obligados a constituirse en auténticos garantes de la aplicación efectiva de diversos principios establecidos para el pleno desarrollo de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, porque el fin máximo que ellas persiguen, es el bien de la colectividad.
Para quienes integramos el Poder Legislativo, continuó la diputada Cristina Alarcón, es trascendental que nuestras actividades estén debidamente articuladas al contexto imperante en la población que tenemos el alto honor de representar y que la actuación que brindemos esté a la altura de las siempre justas exigencias ciudadanas.
En consecuencia, es trascendental que este Congreso, destacó la legisladora de Morena, mantenga actualizado el marco jurídico que rige su vida interna, como acontece, particularmente, con el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, del cual se desprenden diversas disposiciones que, en su conjunto, contribuyen al cumplimiento de sus funciones.
Dijo que las y los legisladores de las diferentes bancadas suelen adherirse, cuando encuentran afinidad en los exhortos que se emiten mediante los anteproyectos de punto de acuerdo, pero que la fracción quinta Bis del artículo 8 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, no contempla esta posibilidad, “razón por la que se propone una reforma a dicha porción normativa a efecto de establecer su inclusión tal como sucede con las iniciativas”.
Se evidencia, agregó, la necesidad de presentar una reforma más al artículo 8, “concretamente en su fracción octava, que es la correspondiente a la solicitud que presentamos a la Junta de Trabajos Legislativos para que incluya, en el Orden del Día,
los asuntos que deseamos desahogar en alguna sesión, como suelen ser, por ejemplo, iniciativas, anteproyectos de punto de acuerdo y pronunciamientos, pero al no estar previsto un plazo para tal oportunidad, se estima conveniente señalar el de veinticuatro horas de anticipación a la realización de la reunión de la referida Junta”.
De esta forma, agregó Alarcón Gutiérrez, se podrá facilitar la labor de las actividades previas a la celebración de una sesión, como son la elaboración del anteproyecto del Orden del Día y de la Gaceta Legislativa, “así como otras preparaciones que son indispensables para nuestras asambleas”.
En su propuesta, también, destaca la reforma al primer párrafo del artículo 14 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder, con el propósito de que “cuando un diputado difame, calumnie u ofenda también a un grupo legislativo o algún órgano de esta Soberanía, se disculpe cuando sea llamado al orden por el Presidente de la Mesa Directiva o el de la Permanente y, tal cual ya está previsto, en caso de no atender el requerimiento, sus expresiones sean insertadas íntegramente en acta circunstanciada de hechos y no se le conceda el uso de la palabra, bajo ninguna circunstancia, por el resto de la discusión del asunto objeto de debate”.
Además, incluye en su propuesta de reforma la fracción IV del artículo 20 del mismo Reglamento, “para que se pueda reclamar el orden no solamente cuando se manifiesten ofensas contra personas, sino además cuando éstas sean dirigidas a instituciones, las cuales también merecen el absoluto respeto de todas y todos, sin ser la excepción quienes ostentamos una representación popular”.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
-Solicita diputada revisar cobros de energía eléctrica en Veracruz-
La diputada también se pronunció por solicitar al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, instruya una revisión de los cobros de la energía eléctrica en este último bimestre, al señalar que se han presentado aumentos de hasta cien y hasta doscientos por ciento en la facturación de este servicio, lo que implica un agravio en contra de miles de familias veracruzanas.
Sostuvo que estos incrementos en el costo por concepto de luz eléctrica afecta negativamente a la economía de quienes menos tienen como son campesinos, pescadores, obreros, taxistas, pequeños y medianos empresarios. “Muchos de ellos, integrantes de familias emprendedoras que, con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus hijos y nietos, todo lo invirtieron en aras de instalar sus negocios y generar empleos”, expuso.
Manifestó que es momento de ser solidarios con el pueblo veracruzano, ya que se ha cumplido con las recomendaciones emitidas por las autoridades del sector salud del Gobierno de México, resguardándose en los hogares y acatando el mandato de la autoridad, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, Covid-19.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales para poder reactivar la economía.
En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.
Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó.
“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese sobreprecio”, señaló.
Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la reactivación económica del estado”.
También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero.
Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de seguro para accidentes.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.
– Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP-
El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de las obras carreteras.
Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una menor de edad.
Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa constructora contratada por la SIOP, la cual tenía un plazo de ejecución de 90 días, dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; situación que no fue cumplida.
En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que algunos se encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras Públicas”, abundó.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.
La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.
Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.
En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.
Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.
En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.
Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.
“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.