El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria del pleno la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Veracruz.

Con la aprobación de esta Ley se solventa una obligación que Veracruz tenía pendiente desde el 2012, mandatada por el Congreso de la Unión, de homologar los ordenamientos locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, surgida a raíz de la tragedia de la Guardería ABC de Sonora.

De hecho, la propuesta contó con la aprobación de las y los 46 diputados asistentes a la sesión, sin abstenciones y sin votos en contra.

Al establecer el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez señaló que la nueva Ley otorga “un conjunto de disposiciones en las que se establecen bases y procedimientos de regulación específica para la creación, funcionamiento y vigilancia de los servicios” donde se brinde atención a niñas y niños.

El objetivo de la Ley, que consta de 73 artículos y nueve transitorios, es “garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, salud y protección adecuadas”, apuntó la Legisladora.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, condensó y armonizó sendas iniciativas presentadas, por un lado, por el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y por otro lado, por diputadas y diputados integrantes de la bancada de Morena.

La nueva legislación señala que “la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”.

Asimismo, crea el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presidido por el titular de la Secretaría de Salud y en el que concurren, además, Secretarías como la de Gobierno, de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Educación y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Su objetivo será diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para la atención integral a las niñas y los niños.

Otro aspecto de la Ley es crear el Registro Estatal a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, en el que los centros públicos y privados tendrán la obligación de inscribirse. Dicho Registro se orientará por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad.

Además, cuenta con un capítulo especial para las medidas de seguridad y protección civil, donde se establece, por ejemplo, la necesidad de una zona de seguridad de mínimo 50 metros de cualquier establecimiento de riesgo, la obligación de contar con instalaciones de seguridad física acordes con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los prestadores de servicios que ya estén funcionando tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar sus instalaciones.