El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la adición de un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Salud del Estado, resultado de la iniciativa presentada el 31 de julio de 2019 por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, con lo que se establece que en la capacitación y actualización de recursos humanos para la salud deberá incorporarse la perspectiva de género, a efecto de garantizar servicios que promuevan un trato igualitario y con enfoque diferenciado en la población usuaria.

Este dictamen, presentado al Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y para la Igualdad de Género, fue aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra.

Con esta reforma se busca erradicar, en los servicios de salud, los estereotipos de género por parte del personal y que afecta, principalmente, a las mujeres en el momento de ser atendidas, expone el dictamen.

Refiere que es imprescindible capacitar y actualizar al personal médico y administrativo en la perspectiva de género, lo cual implicará que quienes son encargados de la salud de las personas sean sensibles a las distintas realidades tanto de mujeres y hombres; lo cual implicará un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada, que existan actitudes diferentes en el trato, que sean erradicados los citados estereotipos y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Indica que, trabajar con perspectiva de género permitirá eliminar ideas que son injustas y que derivan de creencias arraigadas originadas en una cultura patriarcal; por lo cual resulta necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención, sean otorgadas con un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Durante el debate del dictamen, la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, autora de la propuesta, agradeció a las comisiones dictaminadoras y, agregó, que esta modificación permitirá un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada y generará actitudes diferentes en el trato, que deberá reflejarse en la eliminación de estereotipos de género y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Puntualizó que, el trabajar con perspectiva de género permite eliminar ideas injustas y que son producto de creencias arraigadas originadas en la cultura patriarcal, por lo que –

consideró- necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención sea brindado bajo un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por ende entre en vigor.

Como una acción para garantizar una infraestructura educativa apta en medidas preventivas de higiene y así contar con un regreso seguro a las escuelas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

En su propuesta, la legisladora prevé reformar el artículo 23 Bis a fin de señalar en este que, en caso de emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente, el Estado, en coordinación con los municipios, se encargará de implementar protocolos preventivos en materia de higiene escolar, que al menos contengan aspectos como la aplicación de filtros de sanitización al ingreso y salida de los planteles.

Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

También, la implementación de campañas informativas y de concientización respecto de la importancia de las medidas preventivas de higiene. Asimismo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en colaboración con la Secretaría de Salud (SS), mantendría el control de higiene preventivo escolar y supervisará el cumplimiento de esas medidas.

En su intervención en Tribuna, la legisladora Ivonne Trujillo manifestó que aun cuando no hay fecha para que los alumnos veracruzanos regresen a clases presenciales, es necesario analizar las condiciones que deberán tenerse para ese momento y garantizar que sea en un ambiente de higiene y libre de posibles infecciones.

Previamente, expuso que debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, México se vio obligado a suspender actividades en todas las escuelas, orillando a millones de estudiantes a no salir a de sus casas y continuar con su educación a distancia.

Agregó que el cierre de escuelas, desde el 20 de marzo de 2020, se debió a la implementación de un plan de acción, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para contener el número de contagios en todos los planteles del país, pero al mismo

tiempo implicó el diseño de una estrategia basada en el uso de la tecnología para seguir aprendiendo, con las “clases a distancia”.

La legisladora precisó que ante los reiterados anuncios por parte de la autoridad federal, del posible regreso a clases, y derivado del nuevo programa para atender la contingencia sanitaria, en el marco de la denominada nueva normalidad, que prevé el regreso presencial a las aulas, resulta indispensable realizar un diagnóstico con anticipación para evitar un retorno a los salones que arroje resultados opuestos a los que se esperan.

Esta iniciativa, presentada durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 44 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a través del cual, la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas tendrá que contemplar, cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y derivado de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por el diputado León David Jiménez Reyes, asegura que el objetivo es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia, generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

La instancia dictaminadora señaló su coincidencia con el iniciante, toda vez que esta reforma promocionará la cultura e incentivará el turismo, reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

El imponente y maravilloso patrimonio que emana de la diversidad cultural y lingüística de México, hace indispensable procurar su preservación, difusión y respeto, con el firme propósito de que sea admirado por esta generación y las venideras, señala el documento.

En Veracruz, de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

Tras su aprobación por parte del Pleno, se instruyó remitir el presente dictamen de decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Incentivar la contratación de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina.

Esta propuesta, de acuerdo con el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), permitirá que las empresas que contraten a personas con discapacidad apuesten por “personal de inclusión” y realicen las adaptaciones en sus procesos, instalaciones o manuales para que sumen con su talento a la empresa.

Desde la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado refirió que en Veracruz, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 13.56 por ciento de personas con discapacidad no estaba afiliado a alguna institución de salud, lo equivalente a 91 mil 364 personas que, además de las dificultades para realizar sus labores cotidianas, no reciben atención médica gratuita ni privada.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Al considerar que esta medida no puede ir acompañada sin un incentivo fiscal a las empresas, propuso también que se exente del pago del Impuesto sobre la Nómina para el doble del porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Es decir, quien contrate al menos un 5 por ciento de “trabajadores de inclusión” quedará exento del pago de este impuesto en un 10 por ciento.

Asimismo, se amplía de tres a cinco por ciento el número mínimo de vacantes disponibles para las personas con discapacidad en el servicio público estatal, en la administración pública centralizada y paraestatal, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.

La Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XIII y XIV y adiciona las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del Artículo 10 y reforma el Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y deroga el inciso d) de la fracción IV y adiciona la fracción VI del Artículo 103 del Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda del Estado

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que se busca establecer que, para el ejercicio fiscal 2021, los fondos de participaciones, señalados en los artículos 9 y 14; el de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; de Fiscalización y el de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2020, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de esta misma Ley.

De acuerdo a la propuesta del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70 por ciento con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30 por ciento con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2020.

En su intervención en Tribuna, el integrante del Grupo Legislativo de Morena subrayó que la Ley de Coordinación Fiscal vigente fue expedida en 1999 y se previó entonces que su aplicación inmediata de los porcentajes provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los Ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos.

Por lo anterior –indicó- en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

Explicó que en el ejercicio fiscal del 2000, primero en el que se aplicaron las formulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los de mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Dijo que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada.

Por todo lo anterior, detalló el legislador, ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de este ordenamiento.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.