Al encabezar el informe mensual de resultados de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay coordinación, perseverancia y honestidad para hacer frente a la inseguridad y la violencia en el país.
En conferencia de prensa matutina afirmó que “lo principal es mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo. Que no haya pobreza, que se atienda a los jóvenes. Atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. (…) Hay que atender las circunstancias; si cambian las circunstancias, cambiamos nosotros”.
Sostuvo que se está impulsando el desarrollo en el campo; las y los jóvenes reciben oportunidades para estudiar y trabajar, y la población más necesitada accede a recursos para su bienestar.
Indicó que el propósito del Gobierno de la Cuarta Transformación es “que haya esperanzas, que no se cancele la posibilidad de salir adelante, que haya movilidad social, que podamos todos ascender en la escala social, progresar con el trabajo, con el estudio, todos: los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes”.
El mandatario afirmó que la justicia social permite que haya paz y “eso es lo que estamos haciendo. Esa es la base, es el sustento, esos son los pilares”.
Disminuyen delitos del fuero federal y común, destaca secretaria de Seguridad
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el inicio de 2021 fue mejor con relación al 2020.
En enero de 2021 se registró una disminución de 19.6 por ciento en los delitos del fuero federal con respecto al mismo mes del año pasado; además, 16 de los 18 delitos del fuero común tuvieron una baja considerable, precisó.
“Estos buenos resultados se deben a la coordinación, constancia y disciplina del gabinete de seguridad nacional encabezado por el presidente”, remarcó.
Resaltó que se fortaleció el trabajo coordinado con los gobiernos estatales a través de las mesas de paz con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales, particularmente con aquellos que requieren intensificar la estrategia nacional de seguridad.
En consecuencia, dijo la secretaria, se logró contener delitos como el homicidio doloso, del cual se registró una reducción del 5.5 por ciento, lo que significa 165 homicidios menos que en el mismo mes de 2020.
Informó que en enero de 2021 seis estados concentraron el 49.4 por ciento de las víctimas de homicidio doloso en el país: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y el Estado de México.
Expuso que se implementan acciones en los 15 municipios de atención prioritaria que concentran el 27.6 por ciento del total de homicidios dolosos a nivel nacional: Tijuana, Juárez, Cajeme, León, Morelia, Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, Acapulco, San Pedro, Tlaquepaque, Benito Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.
“En 10 de estos 15 municipios se reportó en el mes de enero una disminución de 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020”, refirió.
La secretaria de Seguridad resaltó que la trata de personas, la violación y el feminicidio reportaron una disminución del 17.8 por ciento, del 1 por ciento y del 10.7 por ciento, respectivamente.
Precisó que en 11 delitos del fuero federal se logró una reducción importante en la incidencia de casos como delitos contra la salud, tráfico de personas y delincuencia organizada “a causa del compromiso por judicializar los casos mediante carpetas de investigación, lo que significa un aumento en las denuncias y por supuesto una menor impunidad”.
En delitos del fuero común se registraron reducciones en secuestro, robo, extorsión y lesiones dolosas.
Asimismo, disminuyó el robo de hidrocarburos; el promedio diario al inicio de la administración era de 74 mil barriles diarios y para enero de 2021 era de 4 mil 600 barriles.
La secretaria dio a conocer que el mes pasado se evitó la pérdida de mil 589 millones de pesos con la estrategia para prevenir la toma de casetas. De 2020 a 2021 se evitó la pérdida de 11 mil 186 millones de pesos.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera quitó 531 millones de pesos a la delincuencia organizada mediante el bloqueo de mil 161 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas.
“El balance de este mes nos permite tener claro que aún necesitamos seguir trabajando para lograr la contención y disminuir delitos en violencia familiar y robo en transporte público individual”, concluyó la secretaria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tiene alternativas para solucionar el desabasto de suministro de energía eléctrica en el norte del país.
Se trata, dijo, de dos plantas que no requieren gas para su funcionamiento, sino combustóleo y carbón.
“Necesitamos ser autosuficientes, estar preparados para cualquier emergencia. Durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país pero no les importó porque el negocio era comprar el gas porque en la compra del gas iba el ‘moche’. Imagínense, contratos con Repsol, lo puedo probar, de más de 20 mil millones de dólares para traer gas del Perú; hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras. Más de 20 mil millones de dólares y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba”, explicó el mandatario.
En conferencia de prensa matutina resaltó que la planta termoeléctrica de Guerrero aportó un 75 por ciento de la energía eléctrica al inicio de la emergencia derivada de la escasez de gas en Texas por la tormenta invernal.
“En Guerrero está apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustóleo. Se está llevando combustóleo de Tula a Lázaro Cárdenas por tren y también termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado y se está procurando echar a andar todas las plantas. Las hidroeléctricas están trabajando generando más energía”, refirió.
El jefe del Ejecutivo dijo que en medio de esta crisis se constata la importancia de no haber cerrado plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Esta crisis no nos agarra en estado de indefensión porque tenemos plantas que tuvieron presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas porque por ley no pueden operar al cien por ciento porque el despacho de la energía, el subir a la red la energía, privilegia con la legislación actual neoliberal a las particulares”, acotó.
Informó que actualmente se analiza un proyecto para modernizar las termoelércticas del país con turbinas nuevas y de esta manera producir energía.
“No es hacer nuevas presas, porque no estamos planteando eso, sino aumentar el potencial de generación de energía eléctrica con las mismas instalaciones, con la misma infraestructura, nada más que con turbinas modernas porque han transcurrido 50 años, 40 con las mismas turbinas. Es un plan que estamos analizando con posibilidad de aplicarlo”, puntualizó.
El mandatario compartió una tarjeta informativa de la CFE emitida a las 6:00 horas de este miércoles, en la que se indica que para esa hora se encontraban sin suministro 89 mil 183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas, que representan el 0.21 por ciento de los usuarios totales de los estados afectados y el 0.2 por ciento del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad.
“Es de resaltar que la Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición del CENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación con lo que se ha disminuido los tiros de carga”, señala el comunicado.
Sostuvo que “esto de ser cierto es una hazaña. Que mañana lo reconfirmemos. Esto no sucede en otras partes”.
Afirmó que la CFE cuenta con trabajadores comprometidos y profesionales. Su labor y la operación de las plantas que se rescataron, dijo, solucionarán los problemas de suministro.
“Son muy buenos los técnicos de la Comisión Federal, como los técnicos de Pemex. Cuando hay huracanes, inundaciones, a los dos, tres días ya se restableció el servicio por los trabajadores. Eso es una garantía, el tener trabajadores y técnicos muy comprometidos con estas empresas públicas”, subrayó.
El presidente instruyó a la CFE, al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y a los encargados de las plantas de distribución presentarse en la conferencia de prensa matutina del jueves 18 de febrero para rendir un informe sobre el estado del suministro de energía eléctrica al norte del país.
El diputado Eric Domínguez Vázquez, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras de oro, en el muro de honor del H. Congreso de Veracruz, el nombre del caudillo papanteco Serafín Olarte, como reconocimiento a su destacable intervención en la lucha por la independencia de México.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.
Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.
Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.
El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.
En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.
Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.
Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.
Con el objetivo de visibilizar los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, así como privilegiar sus legítimos anhelos de conservar sus raíces e identidad, el diputado León David Jiménez Reyes presentó al Pleno una iniciativa que busca establecer la obligación, a cualquier edificación de servicio público, el contar con letreros, en los cuales se especifique, de acuerdo a la lengua originaria del lugar, nombre, descripción del servicio que presta y las medidas de seguridad, así como atención de emergencias.
A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.
Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.
Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.
Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.
El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
