Como resultado de la conclusión del Segundo Periodo Ordinario, correspondiente al primer año de labores de la LXVI Legislatura, el Pleno aprobó e instaló la Diputación Permanente, que funcionará durante el segundo receso, el cual comprenderá del 1 de agosto al último día de octubre del presente año.

Durante la sesión solemne de instalación, realizada a distancia por medios digitales, quedó instalado este órgano legislativo presidido por la diputada Cecilia Guevara; en la secretaría, la diputada Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y como vicepresidenta, la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui.

En las vocalías quedan las diputadas Janix Liliana Castro Muñoz, Adriana Esther Martínez Sánchez y Lourdes Juárez Lara, así como los diputados Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Luis Antonio Luna Rosales, Fernando Arteaga Aponte y Othón Hernández Candanedo.

En calidad de sustitutos, las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Anilú Ingram Vallines, Illya Dolores Escobar Martínez, Rosalinda Galindo Silva y Lidia Irma Mezhua Campos, así como los legisladores Hugo González Saavedra, Gonzalo Durán Chincoya, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Marco Antonio Martínez Amador y Bingen Rementería Molina.

Esta determinación corresponde a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual especifica que la Diputación Permanente estará compuesta por el 40 por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales, la mitad actuará como propietarios y el resto, como sustitutos.

Tras su legal instalación, a las 15:58 horas, la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Cecilia Guevara, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el día jueves 4 de agosto a las 13:00 horas.

La diputada Citlali Medellín Careaga presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que este Congreso exhortaría a los 212 ayuntamientos de Veracruz a brindar capacitación a los directores de Educación, Cultura, Turismo y cronistas municipales en materia de rescate, salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural Inmaterial del estado.

En su planteamiento, la legisladora indicó que, para tal fin, se elaboraría un Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de cada territorio, para cumplir los compromisos adquiridos en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y en acato a las leyes federales y estatales en materia de cultura.

Destacó lo definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), según la cual, el Patrimonio Cultural Inmaterial está constituido por las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación: las tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, relativos a la naturaleza y vinculados a la artesanía tradicional.

Para la Agenda 2030 –señaló-, la salvaguardia y la promoción de la cultura son dos fines y a la vez dos medios que contribuyen directamente a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible tales como: lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación del medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas.

También recordó los contenidos y objetivos de la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley para el Desarrollo Cultural y la Ley Orgánica del Municipio Libre, todas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y que, no obstante lo ahí establecido, en 2019 solo 10 municipios contaban con un registro de Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial en el Sistema de Información Cultural, que representa el 5 por ciento de los municipios de la entidad.

Citlali Medellín Careaga insistió en la capacitación de las y los directores de Educación, Cultura, Turismo, Cronistas Municipales y Agentes y Subagentes para que realicen la investigación, documentación, recopilación y formulación de proyectos en relación con las prácticas, expresiones, saberes o técnicas propias de su entorno, para que posteriormente sean ingresadas al Sistema de Información Cultural, a fin de que dicho patrimonio y su diagnóstico sean visibles en las instancias y organismos pertinentes y así garantizar el apoyo necesario para su rescate y preservación.

Este anteproyecto, al que se adhirieron las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y Verónica Pulido Herrera, así como los legisladores Miguel David Hermida Copado y Ramón Díaz Ávila, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, este Congreso aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, para que la Agenda 2030 y sus objetivos sean considerados desde la planeación de los programas de trabajo de las comisiones permanentes y especiales del Congreso del Estado de Veracruz, así como en la transversalización de los productos legislativos que aquí se generen.

El Dictamen que reforma el párrafo cuarto del Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el párrafo primero del Artículo 65 y la fracción II del Artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deriva de la Iniciativa presentada el 2 de mayo de 2022 por el diputado Luis Antonio Luna Rosales.

A partir de esta reforma, es obligación de las comisiones permanentes y especiales publicar su Programa Anual de Trabajo, que incluirá la contribución que en los mismos se proponga para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030, así como las convocatorias, órdenes del día y documentos de apoyo, con 24 horas de anticipación a cada sesión.

Además, los dictámenes, que podrán ser en sentido negativo o positivo, deberán señalar los fundamentos jurídicos que los motiven; los antecedentes de los asuntos materia de los mismos; un apartado con las consideraciones que los integrantes de las comisiones estimen necesarias para justificar la procedencia o improcedencia de lo propuesto; y el proyecto de resolución que corresponda. Los dictámenes relativos a iniciativas de ley o decreto deberán enunciar, en su caso, en el apartado de consideraciones, la contribución de lo propuesto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el mismo sentido, las razones en que se funden las propuestas de adición, reforma, derogación o abrogación de una ley o decreto, en las que se incluirán, en su caso, su contribución al cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, desde el enfoque de la Agenda 2030.

En el uso de la palabra durante la Décima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, el diputado Luis Antonio Luna Rosales, autor de la propuesta aprobada por el Pleno, dijo que los 17 objetivos de la Agenda 2030 están diseñados de tal forma que la acción en uno de ellos atraerá beneficios en otros.

Explicó que se trata de una agenda que impulsa a terminar con la pobreza, con el hambre en el mundo, apuesta por mejorar los sistemas de salud y bienestar, por la educación de calidad, no deja de lado las acciones para la igualdad de género, reconoce la importancia del saneamiento de los mantos acuíferos y el agua limpia para la vida de las personas, ocuparse de crear energías limpias y no contaminantes, pero también por el crecimiento en industria, innovación e infraestructura, cree necesario invertir y hacer que las ciudades y comunidades sean sostenibles.

La Agenda 2030, manifestó el legislador, reconoce que el crecimiento económico dará lugar a que todas y todos tengamos un trabajo decente y con esto la brecha de desigualdad se verá reducida. Le da importancia a la producción y consumo responsable, también llama a la acción urgente por el clima, la vida submarina y de ecosistemas terrestres, sin dejar de lado la importancia de la paz, la justicia y por supuesto las instituciones sólidas. Todo esto “no puede ser posible sin realizar alianzas entre gobierno, sociedad y sector privado”, aseguró.

Debido a que el servicio de transporte público constituye el principal medio de movilidad para millones de veracruzanos, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza presentó una iniciativa de reforma a la ley para que las y los concesionarios cumplan las condiciones necesarias para satisfacer el interés público, prevaleciendo el orden y la seguridad.

El legislador Santos Mendoza propuso reformar la denominación del Capítulo V del título tercero y adicionar los artículos 131 Bis y 131 Ter de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, a fin de garantizar a las y los ciudadanos su derecho a la movilidad a través del transporte público en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En primer término, plantea que el Capítulo V del título tercero sea denominado “Obligaciones de Concesionarios, Permisionarios y Operarios”, con la finalidad de establecer diversas obligaciones a las y los operarios.

Entre las disposiciones que el legislador propone como obligación para los operarios están: mantener buena presentación personal, de higiene y cuidar su espacio de trabajo para generar un entorno de confianza; abstenerse de realizar acciones de maltrato o discriminación a las y los usuarios, así como tratarlos con dignidad y respeto.

También, tener y portar en lugar visible un gafete de identificación que contenga su fotografía, nombre completo del operario y del concesionario, así como las características de la unidad a su cargo, el cual será expedido por la Dirección; dar trato preferencial a niñas, niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.

De acuerdo con la iniciativa, los operarios tendrían prohibido abastecer de combustible a los vehículos con pasajeros en su interior; ser descortés, agresivo o grosero con la o el usuario, un tercero o con la autoridad; negar el servicio en razón de género, apariencia física, discapacidad y edad; escuchar música a volumen excesivo; realizar, alentar, permitir y participar en conductas que constituyan acoso, hostigamiento sexual y violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Por otra parte, en caso de que el operario participe en riñas, peleas y agresiones físicas hacia cualquier persona o realice actos que constituyan acoso, hostigamiento sexual y violencia contra las mujeres, niñas y niños, la Dirección de Transporte suspendería su licencia para conducir hasta por seis meses.

En su intervención, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso del Estado, subrayó que es momento de construir un servicio de transporte público de mayor calidad, confiable, inclusivo y que respete los derechos de mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, con discapacidad y demás grupos vulnerables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Verónica Pulido Herrera, Maribel Ramírez Topete, Itzel Yescas Valdivia y Ruth Callejas Roldán, así como los diputados Othón Hernández Candanedo, Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua y Jaime Enrique de la Garza Martínez.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.

De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.

En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular.

Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”.

Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.

Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo.

Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de las y los ciudadanos veracruzanos.

De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes fiscalizables.

Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador.

Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su dictamen.

Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis.

Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año.

La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.