La diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de conocer el estado que guarda dicho procedimiento.

Ante la importancia y derecho inherente de todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura, principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero.

Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada para otorgar las concesiones que regulan este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V.

En años anteriores, en un acto de ilegalidad, continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.

En este sentido, destacó, desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.

Dichas demandas han sido constantes por parte de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de

Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.

Al respecto, manifestó la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la situación con base en todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la sociedad.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.